En el mes de diciembre de 2010 fuimos testigos del artero asesinato de la señora Marisela Escobedo, una incansable madre que se encargó de perseguir al asesino de su hija y llevarlo ante la justicia del estado de Chihuahua que lo declaró inocente por “falta de pruebas”, aun cuando éste había confesado su crimen.
La justicia “recompuso” su fallo y posteriormente declaró culpable al asesino, pero ya se encontraba prófugo de la justicia.
Ante tal situación, la señora Marisela Escobedo inició una serie de protestas ante diversas autoridades del Estado de Chihuahua, su lucha terminó frente al palacio de gobierno (donde despacha el Gobernador) con un balazo en la cabeza.
Esta semana también fue asesinada en la misma entidad Susana Chávez, una activista que luchaba por la defensa de la vida de las mujeres en Chihuahua, a quien se le atribuye la frase “ni una muerta más”.
Si bien las investigaciones no arrojan como móvil su activismo social, la realidad es que se ha convertido en una muerta más para la estadística. ¿En verdad no tiene nada que ver su muerte con su activismo? La verdad no la sabremos.
Lo cierto es que Chihuahua no es un asunto menor, de acuerdo con cifras de la Procuraduría General de la República, del 100 por ciento de muertes violentas registradas en todo el territorio nacional durante 2010 (casi 13 mil), poco más del 30 por ciento ocurrieron en dicha entidad y se presupone que están vinculadas con el crimen organizado.
Por otra parte, de acuerdo con datos estadísticos del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia, AC., en 2010 Ciudad Juárez se ubicó por tercer año consecutivo como la ciudad más violenta del mundo, con una tasa de 239 homicidios por cada 100 mil habitantes, superando a ciudades como San Pedro Sula en Honduras, San Salvador en El Salvador y Caracas en Venezuela.
En este contexto y de acuerdo con la organización civil Justicia para Nuestras Hijas, del año 1993 en que se identifican los primeros registros de constantes asesinatos de mujeres en Chihuahua al año 2010, el número de feminicidios pasó de 16 a 446, lo que significa un aumento de más de dos mil quinientos por ciento.
Existen muchas voces que dicen que la violencia que vive el país es resultado de la guerra contra el crimen organizado iniciada en 2006.
Sin embargo, aunque no puede negarse que efectivamente la violencia se incrementó, es evidente que entre las ciudades y los estados de la República tanto las mafias, como los criminales y los asesinos locales han encontrado el ambiente propicio para hacer de las suyas aprovechando no sólo esta situación, sino el débil Estado de Derecho y la falta de aplicación de justicia imperante en la mayoría de los gobiernos locales.
No obstante, el tema de la violencia además de ser atribuido a la falta de efectividad en la aplicación del Estado de Derecho, hay que considerar que en México la violencia ha sido generada desde hace ya mucho tiempo a partir del núcleo básico de su sociedad; es decir la familia.
La descomposición de valores familiares como la honestidad, el respeto, la solidaridad, la unión, la comprensión aunados a la desintegración, generan personas que replican la violencia en su convivencia diaria con otras personas.
En mayor o menor medida, tanto el gobierno como la misma sociedad somos responsables de la violencia que vivimos hoy en día, no podemos asumir un rol pasivo en el que es más fácil culpar a otros, la violencia debe de ser catalogada como un problema público que tiene muchas aristas y cuya solución, no sólo es posible encontrarla en las políticas o acciones gubernamentales, sino también en la organización de la sociedad y en la promoción de valores y acciones que nos permitan convivir en un país donde exista sí la justicia, pero también el respeto, la tolerancia y la formación de ciudadanos responsables en toda la extensión de la palabra.
Por lo anterior, como sociedad civil no debemos familiarizarnos ni actuar con pasividad frente a la muerte de ningún mexicano o mexicana que luche por la justicia como es el caso de la señora Marisela Escobedo y la joven Susana Chávez, ya que esto sería como violar nuestra conciencia y matar nuestra responsabilidad, y definitivamente: ¡no queremos una muerta más!
(*) Francisco Álvarez Córdoba nació en Oaxaca de Juárez Oaxaca, México. Es Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana Puebla. De 2005 a 2007 se desempeñó como Analista de la Secretaría de Planeación e Inversión del Gobierno Municipal de Puebla de Zaragoza. De 2007 a 2008 fue Jefe de Departamento de Diseño de Políticas Públicas de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Municipal de Puebla. De 2008 a la fecha se desempeña como Subdirector de Difusión de Resultados de Transparencia y Rendición de Cuentas de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal.